En estos tiempos que corren, en los que dichosa es la administración pública que no ha padecido o padece algún caso de corrupción, podemos decir que en la provincia de Almería tenemos dos especialmente jugosos, que son la Operación Poniente (Ayuntamiento de El Ejido) y la Operación Costurero (Ayuntamiento de Zurgena). Dos casos que están pendientes de juicio y que se demoran en el tiempo hasta la extenuación.Precisamente, acabamos de conocer una novedad sobre la Operación Costurero a través de un teletipo de EuropaPress que podéis leer a continuación:
La vista oral contra el exalcalde de Zurgena (Almería) y actual edil de Obras Públicas y Servicios, Cándido Trabalón (PA), entre otros exconcejales, ha sido señalado para la última semana de noviembre. El juicio, por el que enfrenta una petición del fiscal de siete años de inhabilitación para empleo y cargo público por autorizar presuntamente 41 viviendas en suelo no urbanizable, fue suspendido al detectar el magistrado encargado de enjuiciar el caso un "vicio de nulidad" en el procedimiento.
Fuentes judiciales han informado a Europa Press de que la vista por supuestos delitos de prevaricación, contra la ordenación del territorio, cohecho y falsedad documental, se va a celebrar en cuatro sesiones los días 27,28,29 y 30 de noviembre ante el Juzgado de lo Penal número 2 de Almería. Trabalón forma parte del equipo de gobierno de Zurgena tras suscribir un pacto que daba la Alcaldía al PP tras los últimos comicios municipales.
En el acto de juicio está previsto que se sienten en el banquillo el exedil de Urbanismo, Manuel Tijeras (PA), los ex concejales también andalucistas Emilia Jiménez, Aniceto López y Miguel Marín Ramos --quien en 2007 concurrió a los comicios municipales bajo las siglas del PP-- y los exediles de PSOE Juan Morales y José Antonio Ramos, así como del PP, José Juan Sánchez.
El fiscal solicita en su escrito de calificación provisional la misma pena para todos ellos, así como para el técnico municipal y arquitecto Francisco Salvador Granados como presuntos autores de un delito de prevaricación. Interesa, asimismo, el pago de multa de 24 meses a razón de 12 euros al día.
Para la pareja que figura como responsable de la empresa que promovió las viviendas, Isidoro García y Francisca Muñoz, el representante del Ministerio Público pide dos años de prisión e inhabilitación por el mismo periodo de tiempo para ejercer profesión y oficio relacionado con la construcción, además de pago de sendas multas de 24 euros a razón de 30 euros al día.
Según consta en el escrito de acusación, los administradores de la mercantil Promociones 'Las Canaícas SL', con sede en Albox, promovieron y construyeron en 2006 un total de 53 viviendas unifamiliares en los parajes zurgeneros conocidos como 'Barranco de Los Pinos' y 'Cortijo Zurano' sobre "suelo no urbanizable". Doce de esas edificaciones, que no llegaron a terminarse, "no contaban con licencia municipal y no eran autorizables".
Los 41 inmuebles restantes, continúa el fiscal, se construyeron "con conocimiento de que el suelo era no urbanizable" y con una licencia municipal concedida por los acusados que formaban parte entonces de la corporación local bajo informe favorable "emitido a sabiendas de su injusticia" por el técnico municipal Francisco Salvador Granados.
El regidor y los ediles tanto en el gobierno como en la oposición se constituyeron en pleno "y votaron favorablemente a la concesión de las citadas licencias" también "a sabiendas de su injusticia" pues "todos ellos --sostiene el Ministerio Público-- tenían conocimiento de que, conforme a la legislación vigente, las viviendas proyectadas estaban situadas en suelo no urbanizable".
El exregidor zurgenero acumula un total de 12 procedimientos penales abiertos, entre ellos, el derivado de la macrooperación conocida como 'Costurero' que se saldó en el año 2007 con su detención. El juez instructor de esta causa ordenó incoar procedimiento abreviado hace más de un dos y medio contra él y otras 24 personas, entre ellos parte de la corporación local, por presuntos delitos de prevaricación, contra la ordenación del territorio, cohecho y falsedad documental.
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Como han comprobado, el ex alcalde y presunto corrupto Cándido Trabalón no sólo no está inhabilitado para ocupar un cargo público, sino que actualmente es el edil de Obras Públicas (la concejalía más apropiada para este señor) cobrando por ello 40.000 euros anuales pagados por todos los españolitos.
Por todo ello, recuperamos una breve entrevista que la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Zurgena concedió hace un mes a este blog y en la que, entre otras cosas, acusa al actual gobierno (PP-PA) de "estar encubriendo todas las fechorías del gobierno anterior".
ESCUCHA A LA PORTAVOZ SOCIALISTA EN ZURGENA PINCHANDO EL ENLACE:
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