Racionalización de las administraciones

ARTÍCULO DE OPINIÓN

Ginés Valera

EL pasado viernes 27 de abril, el Consejo de Ministros aprobó el Programa de Estabilidad 2012-2015 y Programa Nacional de Reformas 2012, que incluyen una hoja de ruta de reformas estructurales con tan ambiciosos como necesarios objetivos de alcanzar la consolidación fiscal; fomento del crecimiento y la competitividad (garantizando la unidad de mercado en todo el territorio nacional, liberalizando servicios profesionales, dinamizando el mercado de alquiler, ampliando la libertad de horarios comerciales en zonas de atractivo comercial y creando la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia); lucha contra el desempleo; reactivación del crédito y financiación; mejora y eficiencia en la prestación de servicios públicos esenciales, y modernización y racionalización de las Administraciones Públicas. 

En cuanto al Programa de Estabilidad 2012-2015, se apunta con acierto a la senda de consolidación fiscal que permita alcanzar en el ejercicio 2012 un déficit público del 5,3 % del PIB, mantener el objetivo del 3 % del PIB fijado para 2013 y alcanzar en 2015 un déficit del 1,1 %; un superávit primario a partir de 2013 y retomar una vía de reducción del porcentaje deuda pública/PIB a partir de 2014. Contiene el programa las medidas a adoptar en todos los niveles administrativos y de gobernanza para cumplir estos objetivos así como el calendario e impacto previsto. 

Con el inaplazable objetivo de eliminar duplicidades competenciales en la prestación de servicios públicos, reducir el déficit público, la morosidad y aumentar la eficiencia en el gasto de las Administraciones Públicas estatal, autonómica, institucional y local, el Gobierno de la Nación se ha auto-impuesto como tarea la racionalización del número de Ayuntamientos (basta apuntar que de 8.116 Municipios, únicamente el 9% tiene más de 10.000 habitantes y capacidad de gestión) que incluiría delimitar las competencias locales, es decir, reordenar las competencias propias y transferidas de los Gobiernos Locales, y garantizar una financiación sostenible y suficiente mediante nuevos recursos fiscales o vía transferencia estatal o autonómica, desapareciendo la carga de las llamadas competencias "impropias" sin financiación garantizada, así como, llegado el caso, agrupar (o fusionar, ¿por qué no?) municipios atendiendo al parámetro poblacional y redefinir Diputaciones, Consorcios y Mancomunidades para conseguir una mejor prestación de servicios públicos a menor coste económico. Se persigue así eliminar duplicidades administrativas, solapamientos competenciales que tanto lastran el despegue económico y, sobre todo, hacer más eficiente el funcionamiento de todas las Administraciones Públicas. 

En síntesis: una competencia, una única Administración. Otras medidas interesantes (y controvertidas) que contempla el Programa Nacional de Reformas 2012 consisten en reducir un creciente número de Empresas Públicas, Mixtas y Fundaciones constituidas a veces, simplemente para huir del Derecho Administrativo y sus rigurosos controles presupuestarios y de gasto por parte de Funcionarios públicos so pretexto de ganar en eficacia y eficiencia en la contratación y en la recluta de los empleados, mediante fórmulas como la extinción, desinversión, liquidación o fusión; formulación de planes integrales de la gestión del patrimonio reduciendo el gasto de arrendamientos de sedes; la racionalización y eficiencia del empleo público, congelando la oferta de empleo público (salvo el 10 % de reposición de efectivos en colectivos especiales); redacción de planes para reducir absentismo laboral de empleados públicos y aumento de la productividad con jornadas mínimas de 37,5 h. semanales y retribuciones variables en función de la consecución de objetivos. 

Por último, propone el Programa en línea con el adelgazamiento burocrático y la austeridad, el estudio de la supresión de Organismos existentes en el Estado y duplicados por las Comunidades Autónomas al reproducir el modelo estatal en sus territorios, como pudieran ser Defensores del Pueblo, Tribunales de Cuentas, Consejos Económicos y Sociales, Consejos Consultivos, Consejos Audiovisuales, supresión de oficinas comerciales autonómicas -unas 134- o su integración en el Instituto de Comercio Exterior, Institutos de Estadística… Aunque ello podría chocar con el obstáculo de la letra de los Estatutos de Autonomía de segunda generación que los contemplan como parte de la organización.